El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, formuló un nuevo y categórico reclamo al Gobierno nacional ante el complejo escenario económico y social que atraviesa el país. Durante una homilía celebrada en la parroquia San Patricio, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, el prelado advirtió que no existe margen para la indiferencia institucional frente al incremento de los índices de pobreza, la falta de puestos de trabajo y la exclusión social.
La ceremonia religiosa se llevó a cabo con motivo de cumplirse el 50° aniversario de la masacre de los curas palotinos, perpetrada el 4 de julio de 1976 durante la última dictadura cívico-militar. En ese marco conmemorativo, la máxima autoridad de la Iglesia porteña enlazó el legado humanitario de los religiosos asesinados con las problemáticas actuales, instando a la dirigencia política y a la comunidad a deponer «la crueldad y el individualismo».
Ejes de la homilía y pedido de solidaridad
García Cuerva enfatizó la necesidad de redoblar el compromiso social y «estar cerca» de las franjas de la población civil más afectadas por la coyuntura. Los puntos centrales de su alocución se enfocaron en la urgencia de asistir a quienes padecen el desempleo, la indigencia, el abandono de la ancianidad, la enfermedad y la vulnerabilidad habitacional de las personas en situación de calle.
Esta manifestación se acopla a una serie de pronunciamientos públicos realizados por el arzobispo en los últimos meses, mediante los cuales exige una acción coordinada entre las distintas estructuras del Estado, el arco político general y los colectivos sociales para atenuar el progresivo deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares.
Homenaje a los religiosos y aportes del documento desclasificado
El oficio religioso conmemoró formalmente a los tres sacerdotes y dos seminaristas ejecutados en el interior de la parroquia de Belgrano, un crimen que permanece como uno de los ataques más representativos del terrorismo de Estado contra la Iglesia católica. García Cuerva ponderó que las víctimas sufrieron persecución y muerte por su defensa irrestricta de la dignidad humana, erigiéndose hoy como una referencia de compromiso ético.
La fecha coincidió además con el conocimiento público de un cable diplomático desclasificado por el gobierno de los Estados Unidos. El documento, emitido cuatro días después de la masacre hacia el Departamento de Estado, revela que la Embajada norteamericana en Buenos Aires contaba con reportes de inteligencia que atribuían la autoría material de los asesinatos a miembros de la Policía Federal Argentina.
Asimismo, el informe de la época reflejaba que altas esferas de la Iglesia compartían dicha presunción, vinculando los homicidios a una represalia clandestina por el atentado con explosivos contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. La reaparición de estos antecedentes documentales fortalece la hipótesis principal de la investigación judicial dirigida a deslindar las responsabilidades penales definitivas a medio siglo del suceso.
