El diputado provincial Enrique Cresto ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que apunta a modificar el régimen de contrataciones públicas vigente. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos que garanticen mayor transparencia e idoneidad en los procesos de compra que realiza el Estado provincial.
La propuesta – que cuenta con el acompañamiento de las diputadas Laura Stratta, Lorena Arrozogaray, Mariel Avila, Silvina Decco, Silvia Moreno y Andrea Zoff, junto al diputado Yari Seyler – establece como condición de admisibilidad obligatoria para quienes aspiren a contratar con el Estado provincial una antigüedad mínima de dos años de actividad efectiva y comprobable en el rubro específico por el cual se presentan. Esta exigencia abarca licitaciones públicas o privadas, concursos de precios o compras directas.
La fundamentación del proyecto destaca que la medida «busca reforzar los mecanismos de control, idoneidad y transparencia en las contrataciones públicas en todos los niveles del Gobierno provincial». Asimismo, señala que la propuesta «responde a hechos de conocimiento público ocurridos recientemente, en los que empresas creadas poco tiempo antes fueron contratadas para prestar servicios o suministrar bienes al Estado, sin trayectoria ni capacidad técnica comprobada». Se argumenta que esta situación «vulnera principios constitucionales y administrativos elementales: igualdad, publicidad, eficiencia, legalidad y responsabilidad».
Además, contempla excepciones a esta antigüedad, incluyendo a «las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) con domicilio fiscal en la provincia de Entre Ríos, debidamente inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado» , y prevé determinadas consideraciones para «las personas humanas o jurídicas cuya producción o prestación de servicios sea íntegramente realizada en el territorio de la provincia».
La acreditación de la antigüedad y experiencia en el rubro podrá realizarse mediante «Contratos anteriores con el sector público o privado» , «Facturación emitida durante los dos años previos en actividades del rubro declarado» , «Certificaciones de organismos oficiales, gremios o cámaras del sector» , o «Declaraciones juradas respaldadas por documentación contable o registros de AFIP/ATER».
Finalmente, el proyecto establece que «La Unidad Central de Contrataciones, junto al Tribunal de Cuentas, será responsable de auditar el cumplimiento de la presente modificación, debiendo publicar un informe anual con los datos de proveedores contratados, evaluando su trayectoria y cumplimiento de requisitos».
