En un gesto que confirma su decisión de no modificar el rumbo económico y político, el presidente Javier Milei vetó de manera total la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada días atrás en el Congreso con una abrumadora mayoría.
La norma contemplaba un paquete clave para las universidades públicas: actualización automática de salarios según la inflación, recursos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un incremento gradual de la inversión estatal en educación —del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031—.
El veto presidencial, que será publicado en el Boletín Oficial, supone un duro golpe al sistema universitario argentino en un contexto de creciente deterioro de las condiciones edilicias y salariales. El mensaje del Gobierno es claro: no habrá giro en la política de ajuste, aun frente al consenso parlamentario y la presión social.
La decisión se conoció pocas horas después de que el Senado aprobara la ley con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, lo que evidenció el amplio rechazo de la dirigencia política al vaciamiento presupuestario de la educación superior. Esa misma sesión también marcó otro revés para el oficialismo, con la sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica y el freno a decretos que buscaban avanzar sobre organismos estatales como el INTA y Vialidad Nacional.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya habían advertido que, de confirmarse el veto, convocarían a una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública. El choque parece inevitable y promete reeditar escenas de movilización masiva como las vistas meses atrás en defensa de la educación gratuita.
El Gobierno nacional elige así profundizar el conflicto con las universidades, cerrando la puerta al diálogo y reafirmando un programa de ajuste que impacta de lleno en el corazón de la sociedad argentina: el derecho a estudiar y a formarse en igualdad de condiciones.
