En los últimos años, la cuestión de la participación legal ha cobrado relevancia en diversas partes del mundo, reflejada en la incorporación de ciudadanos comunes en la administración de justicia penal, como se evidencia en el sistema de juicios por jurado.
Sin embargo, “el desencuentro entre las necesidades sociales de justicia y el aparato destinado a administrarla acaso sea la mayor fuente de insatisfacción ciudadana en este tema”, señala Luis Pásara (2004) en Lecciones, ¿aprendidas o por aprender?, publicado en En busca de una justicia distinta. Experiencias de reforma en América Latina (compilador: Luis Pásara, Ed. Universidad Autónoma de México).
En ese sentido, las leyes y los procedimientos para aplicarlas no deben aprobarse únicamente mediante la opinión o consulta legislativa: deben construirse de modo tal que no solo expresen una posición doctrinaria, sino que resulten comprensibles y factibles de aplicar para quienes intervienen diariamente en esos procesos.
No alcanza con consultar a los colegios profesionales o a las autoridades del Poder Judicial. Es necesario abrir el debate y dar participación a todos los actores del sistema: profesionales de la abogacía, jueces, secretarios de juzgado y personal de las distintas áreas involucradas.
Desde esta perspectiva, y con un criterio de participación democrática e igualitaria, el proyecto propone la conformación de foros en las distintas jurisdicciones del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de los Institutos Penales; en los Juzgados de Garantías; Unidades Fiscales; asociaciones de víctimas; comisarías departamentales de la Policía Provincial; y otros espacios que se consideren necesarios, para analizar las reformas propuestas.
El debate y el análisis colectivo enriquecerán los cambios que se impulsen, y darán a las normas una base de consenso firme y amplio sobre la cual avanzar hacia la implementación de nuevas formas que permitan lograr un servicio de justicia más eficaz.
