La conducción de Vialidad Nacional comenzará a implementar un plan de ajuste interno para reducir el plantel operativo de 5.400 a 3.800 trabajadores, de no mediar una contraorden de último momento, ante el vencimiento de la concesión de Caminos del Río Uruguay.
El recorte coincide con el vencimiento de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el Victoria – Rosario.
El menemista Marcelo Campoy comenzará a implementar un plan de ajuste interno que apunta a reducir su actual plantel operativo en unos 1.600 agentes. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones. Sin embargo, la transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria, quienes no serán absorbidos por la administración pública y dependen de futuras decisiones empresariales para su reincorporación laboral.
Bajo la actual gestión, Vialidad Nacional inició un plan de despidos masivos y ajuste. El menemista Marcelo Campoy comenzará a implementar un plan de ajuste interno que apunta a reducir su actual plantel operativo en unos 1.600 agentes. Asimismo, el Gobierno busca bajar el presupuesto que implica el organismo encargado del mantenimiento, la infraestructura y la seguridad vial de los caminos nacionales.
Este recorte se produce en el marco de la derogación de la Ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.
Junto con los despidos, el ajuste también incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país. Esta decisión impacta tanto a los trabajadores del organismo como a las empresas contratistas, que ven suspendidos sus contratos de manera indefinida.
Las medidas adoptadas por Vialidad Nacional han generado un fuerte rechazo de sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste. Mientras tanto, el gobierno sigue avanzando en su plan de reestructuración, con el objetivo de privatizar servicios y reducir la intervención estatal en la gestión vial del país, publicó Infogremiales.
Según los gremios el impacto de los despidos será especialmente fuerte en el Distrito 1 de provincia de Buenos Aires comandada por Axel Kicillof con quien el gobierno de Javier Milei juega su más importante pulseada electoral. La selección del personal afectado ha estado a cargo de funcionarios recientemente incorporados al organismo, vinculados con La Libertad Avanza. Entre ellos, Martín Luis Augusto y Vanesa Viviana Gioia, ambos con antecedentes políticos pero sin experiencia en gestión vial, han liderado la confección de la lista de desvinculaciones.
La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país. Esta decisión impacta tanto a los trabajadores del organismo como a las empresas contratistas, que ven suspendidos sus contratos de manera indefinida.
Fuente: Uno Entre Ríos.
