El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió a las negociaciones que llevan adelante la provincia y la Nación por deudas recíprocas. Evaluó como «positiva» la carta de intención que se firmó días pasados para la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, la cual apunta a facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas.
En declaraciones periodísticas, Rodríguez Signes explicó los alcances del decreto 696 del Poder Ejecutivo Nacional, que establece un sistema de compensación de créditos y deudas: «Ese es un canal administrativo para que cada parte, Nación y provincias, se introduzca en un sistema administrativo, no judicial, para discutir sus respectivas acreencias y poder en su momento compensarlas si se llega a un acuerdo, cosa que no es automática ni sencilla», expresó.
En ese marco, la provincia de Entre Ríos envió una nota al Poder Ejecutivo Nacional adhiriendo al sistema, «que no obliga a renunciar a ningún derecho», aclaró. Con esta adhesión, el Estado entrerriano ingresa en un período en que evalúa y decide, con los respaldos y justificaciones correspondientes, qué créditos y deudas puede incorporar al mecanismo, que podría llegar a tardar un año hasta su resolución. «Lo primero que se hizo entonces fue firmar el decreto de adhesión pero sin contenidos concretos, es decir, sin incorporar créditos o deudas. Lo segundo fue una carta de intención entre el Poder Ejecutivo de Entre Ríos y el Ministerio de Economía de la Nación».
«La Nación cree que hay que incorporar al sistema estas deudas que tiene la provincia de Entre Ríos con ella, básicamente con el fondo fiduciario, pero que no están vencidas, sino que son deudas que tiene la provincia y que cumple regularmente», dijo el fiscal sobre los procedimientos llevados adelante para encaminar el proceso de reconocimiento y pago de deudas.
En tanto, entre las principales acreencias por parte del Estado entrerriano, contó que «se incorporaron muchos más rubros. Por ejemplo, la deuda que tiene la Nación por el corte de la obra pública», aunque aclaró que «la más importante, sin duda, es la deuda que tiene la Nación con la provincia por la Caja de Jubilaciones. Pero todavía no se inició con el mecanismo oficial, porque para poder presentar créditos y deudas, cada parte tiene que documentarse para cotejar cuál es el grado de verosimilitud, de legalidad que tiene cada crédito invocado».
