El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una reforma laboral que tendrá como eje central al empleo privado, dejando fuera de los cambios a la Ley de Empleo Público. Mientras el Ejecutivo pule los detalles del proyecto y aplica un fuerte hermetismo para evitar filtraciones, la tensión con los gremios escaló tras el paro convocado por ATE.
Según confirmaron fuentes oficiales, la iniciativa se centrará en modificar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) con el objetivo declarado de impulsar la generación de empleo en el sector privado. En Casa Rosada aclararon que la decisión de no incluir cambios en la normativa que regula a los trabajadores estatales no implica un trato diferencial, sino que se trata de marcos legales distintos que se analizan por separado.
Respuesta a las críticas sindicales
La aclaración surge luego de que ATE realizara un paro nacional en rechazo a una reforma que, según admiten incluso desde el Gobierno, los gremios aún no conocen en detalle. En su conferencia matutina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la medida:
“Llama la atención que se haya convocado a un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No contempla modificaciones en la Ley de Empleo Público”, señaló, apuntando directamente al titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
Los ejes que anticipó Sturzenegger
El ministro Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores del proyecto, adelantó en una entrevista televisiva algunos lineamientos de la iniciativa. Sostuvo que la modernización laboral incluirá tres aspectos clave:
- Reducir la industria del juicio laboral.
- Bajar los costos de registración para facilitar la formalización.
- Revisar los convenios colectivos, cuestionando el modelo centralizado de negociación en Buenos Aires.
En este punto, Sturzenegger planteó que las condiciones productivas y laborales varían según las regiones del país, por lo que sería necesario avanzar hacia sistemas más flexibles.
Máxima reserva en el oficialismo
En un clima de creciente expectativa, la Casa Rosada decidió aplicar un estricto hermetismo sobre el texto final del proyecto. Para evitar filtraciones, el Gobierno pospuso hasta diciembre la reunión del Consejo de Mayo, donde se esperaba avanzar en consensos preliminares.
También quedaron en pausa los encuentros entre representantes del Consejo y los equipos técnicos de la administración Milei. El Ejecutivo busca cerrar internamente la “letra chica” de la iniciativa antes de abrir un proceso de negociación política con el sindicalismo, el sector empresarial y los bloques legislativos.
Expectativa en las provincias
Aunque el documento aún no fue presentado, algunos gobernadores dialoguistas —especialmente del norte del país— manifestaron disposición a discutir el proyecto una vez que llegue al Congreso. El Gobierno confía en que estos apoyos serán clave para garantizar la aprobación parlamentaria de una reforma que promete reconfigurar las relaciones laborales en Argentina.
El texto final se conocerá en diciembre, cuando el oficialismo espera iniciar el debate político en un escenario de alta tensión con los gremios.
