El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dispuso la aplicación de una multa de 100.000 pesos diarios a Diego Santilli, en su carácter de titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, tras considerar acreditado el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución judicial exige al Estado nacional cumplir con las obligaciones alcanzadas por la cautelar, entre ellas la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales.
La decisión se produjo luego de dos intimaciones previas y en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre.
EL JUZGADO HIZO EFECTIVA UNA ADVERTENCIA PREVIA
Cormick resolvió aplicar las denominadas astreintes, multas coercitivas destinadas a promover el cumplimiento de una orden judicial.
En su resolución, el magistrado sostuvo que, ante el «incumplimiento verificado», correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre de 2026.
La sanción fue dirigida al funcionario que ejerce la titularidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en relación con las obligaciones impuestas al Estado nacional.
Previamente, el juzgado había otorgado un plazo de cinco días para cumplir la medida, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente se concedió una nueva prórroga por igual período, sin que se acreditara el cumplimiento requerido.
LA CAUTELAR SIGUE VIGENTE PESE A LA APELACIÓN DEL ESTADO
El expediente principal aborda la controversia sobre la validez de una disposición del decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo nacional condicionó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez Cormick declaró inconstitucional la cláusula cuestionada, decisión que fue apelada por el Estado nacional.
El magistrado concedió el recurso de apelación, rechazó un planteo de reposición presentado por el Gobierno y elevó las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Sin embargo, la medida cautelar continúa vigente, independientemente de que la resolución sobre el fondo de la controversia se encuentre sometida a revisión judicial.
EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL RECLAMÓ EL CUMPLIMIENTO
La aplicación de la multa respondió a una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo de coordinación que reúne a instituciones universitarias nacionales.
En su planteo, el CIN sostuvo que el Estado nacional continuaba sin cumplir la medida cautelar, que, según indicó, había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.
«Este plazo está vencido y los pagos aún no se registraron», señaló la parte demandante al solicitar la aplicación de las sanciones previstas.
Ante esa situación, el juzgado dispuso una multa diaria de $100.000, cuyo carácter coercitivo busca impulsar el cumplimiento de la resolución.
EL CONFLICTO CONTINÚA EN LA PREVIA DE LA MARCHA UNIVERSITARIA
La resolución se conoció a pocas horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La controversia mantiene abiertas dos cuestiones judiciales diferentes: la revisión de la constitucionalidad de la disposición del decreto 759/2025 y el cumplimiento de la medida cautelar vigente.
Mientras la Cámara Nacional de Apelaciones analiza el recurso presentado por el Estado, la orden cautelar conserva sus efectos y el juzgado de primera instancia dispuso medidas para exigir su cumplimiento.
De esta manera, la sanción económica recae sobre el titular de la Jefatura de Gabinete en su carácter funcional, mientras continúa el proceso judicial relacionado con las obligaciones del Estado nacional en materia de financiamiento universitario.
