La comunidad del cine argentino independiente denunció que la reciente reglamentación de la Ley de Cine decretada por el gobierno de Javier Milei para fomentar la actividad quita, en realidad, fondos a la industria y elimina la cuota de pantalla para películas nacionales en las salas del país.
“Este decreto va contra los fondos destinados para la producción de películas y contra un derecho importantísimo para toda la sociedad, como es el tener una cuota de pantalla que permite que las películas argentinas tengan espacio de exhibición en las salas de todo el país”, indicó el Colectivo de Cineastas en un comunicado.
El decreto, publicado el pasado 23 de julio en el Boletín Oficial, estableció una restructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por la cual se reducirá la plantilla de empleados, la entrega de subsidios y el espacio para producciones nacionales en las salas.
Los nuevos parámetros para recibir asistencia estatal dependerán de los proyectos presentados bajo un plan completo de producción y financiamiento acreditado, donde el subsidio no podrá superar el 20 % de los fondos y no podrá significar más del 50 % de los costos totales.
Según el documento oficial, el INCAA pasó de tener 90 personas en el año 2000 a 900 trabajadores este año, lo que llevó a que el 42 % de los ingresos de la entidad se destinaran a sueldos. Esto, explicó “perjudica” el fomento de la actividad cinematográfica.
El Ejecutivo informó que esta situación llevó a recurrir a aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por 1.900 millones de pesos (unos 2,03 millones dólares a cambio oficial actual) para afrontar gastos operativos y “la realización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur”, generando un déficit de 2.600 millones (unos 2,7 millones de dólares).
La comunidad de cine independiente afirmó, sin embargo, que los recortes de la gestión del actual presidente del INCAA, Carlos Pirovano, causaron el cierre de programas de fomento, interrumpiendo recursos para rodajes de películas en marcha y la posibilidad de presentar proyectos nuevos.
Para la comunidad audiovisual, los argumentos del Gobierno son una “falacia” y su objetivo es “borrar la memoria del país”, acallando disidentes mediante intentos de censura.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el presente y futuro del INCAA y el sostenimiento de una industria audiovisual que genera trabajo genuino”, concluyeron.
